Adopción por estado de abandono del menor – Abogados Mar del Plata – Derecho de Familia

En los autos “P. J.; O. M.; O. M. y O. y s/ declaración de estado de abandono y guarda para futura adopción”, la Sala Primera en lo Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú confirmó la declaración de adoptabilidad de una niña, quien se resistía a ser reintegrada a la familia de origen y, por otro lado, revocó la resolución de grado que dispuso la declaración de adoptabilidad de sus otras tres hermanas. Además se ordenó la colaboración del Intendente en torno a la vivienda del grupo familiar y la restitución del derecho al cobro de las asignaciones familiares.

El juez de primera instancia dispuso la declaración de adoptabilidad de las niñas al considerar que “estaba confirmada la imposibilidad de los progenitores de brindar la contención necesaria a sus hijas y permitirle un desarrollo integral, en tanto la actitud de los padres se había limitado a oponerse a la declaración de adoptabilidad de sus hijas, sin mostrar acciones concretas”.

Según consta en la causa, las hermanas “han transcurrido cuatro años de sus vidas, institucionalizadas luego de una crisis familiar provocada por la separación de sus padres, que las colocó en estado de vulneración de derechos”.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal recalcó “la incidencia en el presente caso de derechos convencionales, y que no estamos frente a la imposibilidad de revincular a las niñas con sus progenitores, sino por el contrario, que el progenitor apelante mostró su interés y su responsabilidad durante la medida extraordinaria, visitándolas y asistiéndolas en la medida de sus posibilidades y su magro ingreso de $3.500, con el cual pudo construir como se lo pidieron desde el órgano administrativo de protección de derechos, una habitación para sus hijas en su austera vivienda”.

En este marco, los jueces recordaron los principios establecidos que el nuevo derecho de adopción en el Código Civil y Comercial de la Nación vigente desde el 1 de Agosto de 2015”, y los consideraron “aplicables de modo inmediato a los procesos de adopción en trámite, por serlo para las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes y en cuanto la sentencia de adopción es de carácter constitutivo y referida a una cuestión de estado de las personas, aunque en principio no corresponda aplicarlo a las etapas del proceso ya agotadas”.

De este modo, manifestaron que resultan de aplicación las disposiciones del nuevo código sobre “la adopción incluidas en el Libro Segundo, Título VI, que comprenden los arts. 594 a 637, donde se integró la ley 25.854 del año 2.004 que creó el Registro Único de Adoptantes, y la ley 26.061 sobre Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes del año 2.005, que no habían tenido asiento normativo en el Código Civil derogado; como también el contenido mínimo para todos los procesos de familia consagrado en el Título VIII del mismo Libro”.

“Esta nueva regulación define la adopción como institución jurídica y enuncia seguidamente los principios generales que la rigen, decisión de técnica legislativa que reviste una utilidad práctica indudable, ya que facilita la interpretación y la integración de lagunas -art. 2 CCyC-“.

Sobre este punto, el 594 CCyC indica: “La adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando éstos no le pueden ser proporcionados por su familia de origen. La adopción se otorga sólo por sentencia judicial y emplaza al adoptado en el estado de hijo, conforme con las disposiciones de este Código“.

“Se deja allí en claro, que el objeto principal de la adopción reside en el derecho del niño a vivir en una familia donde se desarrolle y cubra sus necesidades afectivas y materiales, pero solo cuando las mismas no puedan ser proporcionadas por su familia de origen en sentido amplio, tanto en el núcleo familiar primario -padres- como el extenso”, continuó el fallo.

Por ello, los magistrados señalaron que “la adopción busca entonces materializar de modo subsidiario el derecho del niño, niña y adolescente a la vida familiar, y antes de determinar la procedencia de una alternativa adoptiva, deben agotarse las posibilidades de que el niño sea reintegrado a su núcleo de origen -familia nuclear o ampliada-, siempre buscando priorizar su interés superior”.

Para los jueces, “más allá de las medidas específicas que se establezcan en el ‘Plan de externación y seguimiento’, al Ministerio Público de la Defensa le cabe el control y supervisión del cumplimiento como asimismo la detección y de todo tipo de vulneración de derechos que deba ser revertida o amenaza que justifique articular medidas de prevención (…)”.

http://www.diariojudicial.com/nota/75864/civil-y-comercial/la-complejidad-de-las-adopciones.html


Tenencia del hijo a favor del padre – Cuidado personal de Hijos – Abogados Mar del Plata

Aplicando la excepción que permite otorgar el cuidado unipersonal a uno de los progenitores cuando la tenencia compartida sea problemática para el hijo, el Tribunal de Familia de Jujuy falló en favor de un padre, quien tendrá a su cargo el cuidado de su hijo menor, debido a los problemas que presenta su madre.

La decisión fue adoptada por la jueza Silvia Fiesta en autos “Cuidado Personal de Hijos: A. A. R. D. c/ T. N. M. S.”. En la causa – que fue iniciada por el padre– incluso se celebró una audiencia donde las partes propusieron que el cuidado personal sea compartido estando el menor una semana con cada uno, hasta la realización de los informes psicológicos.

Pero el Tribunal, tras analizar el informe del equipo interdisciplinario y el dictamen del Ministerio Público Tutelar, dejó sin efecto la modalidad de cuidado ordenada en la audiencia y dispuso la guarda del menor a favor de su progenitor fijándose un régimen de visita a favor de la madre, lo que luego se transformó en una tenencia unipersonal.

Es que de los informes surgía que la progenitora del menor, “es una persona con antecedentes de consumo de alcohol en forma periódica, exponiendo a sus hijos L. y F. a situaciones de violencia y potencial riesgo psicofísico, habiendo sido el menor L. golpeado por la misma al cumplirse el régimen de visitas”.

Esa circunstancia motivó la consideración de que el caso de autos se encuadraba dentro del artículo 651 del Código Civil y Comercial, “que establece que a pedido de uno o ambos progenitores el cuidado personal puede ser otorgado a uno de los progenitores, cuando no es posible o resulta perjudicial para el hijo el cuidado personal compartido”.

La jueza, por esos motivos “y teniendo presente siempre el Supremo Interés del Menor conforme el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, que debe prevalecer sobre cualquier otra circunstancia, la prueba aportada en la causa, la que dan cuenta de la situación del menor, sus progenitores y recomiendan que se otorgue el cuidado personal al padre y circunscribiendo la causa al nuevo ordenamiento jurídico”, procedió a hacer lugar a la demanda.

http://www.diariojudicial.com/nota/75721/civil/en-el-nombre-del-buen-padre.html


Juicio criminal y causa civil – administración fraudulenta y asociación ilícita – Abogados Mar del Plata

Un fallo de la Cámara Comercial recordó que la regla de prejudicialidad en favor de lo que resuelva la Justicia Penal a la hora de seguir con una causa civil no es absoluta, sino que admite excepciones, principalmente en casos en donde se puede llegar a presumir que el juicio criminal se extienda indefinidamente.

Con ese criterio, la Sala F de la Alzada revocó una resolución de Primera Instancia que decidió la suspensión del trámite de la causa “K.D.S., M.O. y Otros c/ M.M.N. s/ Ordinario” hasta tanto exista sentencia firme en la causa penal seguida contra la demandada por defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita.

En la causa penal se investigaba una supuesta estafa de los demandados, que habían sido administradores de la sociedad anónima de la cual los actores eran accionistas. Los demandantes también iniciaron una acción civil para determinar la responsabilidad de los procesados en el marco de una locación de servicios, y si realizaron un ardid para inducir a la damnificada a “realizar actos de disposición patrimonial” ruinosos a sus intereses “y en beneficio de los administradores de sus bienes”.

Sin embargo, el juez de Primera Instancia entendió que en ambos procesos había “comunidad de causa” dada “la coincidencia de imputaciones respecto de la vulneración del derecho a la información, doble contabilidad y afectación del patrimonio de los accionistas que no participaban en la administración de la sociedad”.

En ese contexto, los camaristas Rafael F. Barreiro, Juan Manuel Ojea Quintana y Alejandra N. Tevez analizaron la causa dentro de los parámetros del artículo 1775 del Código Civil y Comercial de la Nación, que prescribe que “si la acción penal precede a la acción civil, o es intentada durante su curso, el dictado de la sentencia definitiva debe suspenderse en el proceso civil hasta la conclusión del proceso penal, con excepción de los siguientes casos: a) si median causas de extinción de la acción penal; b) si la dilación del procedimiento penal provoca, en los hechos, una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado; c) si la acción civil por reparación del daño está fundada en un factor objetivo de responsabilidad”.

Los magistrados interpretaron que la prejudicialidad “resultará de aplicación siempre que un juicio civil se encuentre íntimamente vinculado al resultado de un proceso penal, atento que en todos los casos existe la misma razón de orden público que fundamenta aquella norma”, aunque reconocieron que “en forma previa, debe establecerse si ambas acciones nacen del mismo hecho (arg. art. 1774 CCyCom) porque si no fuera así las sentencias a dictarse no tendrían influencia alguna en la solución de la otra causa”.

Aplicada la norma a la causa en estudio, los camaristas admitieron que la prejudicialidad “no reviste carácter absoluto y cabe estar para resolverla a las particularidades de cada caso concreto”, y juzgaron que era inaplicable el instituto “cuando la dilación indefinida del trámite y de la decisión en el juicio penal provoca una restricción en el derecho de defensa por cuanto una sentencia fuera de tiempo es una sentencia en sí misma injusta y viola el art. 18 de la Constitución Nacional”, elementos que concurrían en este expediente.

“Se presenta indefinida la duración de la causa penal, a poco que se repare en la circunstancia de que han transcurrido seis años desde su promoción y su estado actual es el de plena tramitación ante el Tribunal Oral Criminal n° 22, siendo que fue elevada a esa sede el 11/3/2013 llevándose a cabo en la actualidad la instrucción suplementaria pertinente”, explicaron los magistrados

“Resumiendo: entiende esta Sala que el dictado de sentencia en este expediente resulta procedente pues no aparece intrínseca la conexión con el hecho ilícito denunciado en la causa penal”, sostuvo la Cámara, que juzgó que la suspensión de este procedimiento “a las resultas de la sentencia en la causa penal no se presenta como la solución prudente y razonable para evitar pronunciamientos jurisdiccionales contradictorios, con el consecuente escándalo jurídico que ello conlleva”, señaló la sentencia.

http://www.diariojudicial.com/nota/75819/comercial/no-hay-prejudicialidad-con-los-juicios-eternos.html


Suspensión de Desalojo – Discapacidades diferentes – Abogados en Mar del Plata

En la causa caratulada “R., A. N. C/L., R. R. y otros s/desalojo por vencimiento de contrato“, la Defensora de Menores e Incapaces interpuso un recurso de apelación contra la sentencia de grado que dispuso el desalojo de una mujer de un departamento que habita con su hija de capacidades restringidas. Por tal motivo, la recurrente se agravia por considerar que dicho fallo dejaría en la calle a su representada y su familia, afectando derechos de raigambre constitucional como lo es la vivienda familiar.

Los integrantes del Tribunal destacaron que “en resguardo de los hijos –en este caso, mayor de edad pero con su capacidad restringida-, su progenitor tiene garantizado y reglado su acceso tanto a las vías administrativas como a las jurisdiccionales que estime pertinentes para reclamar lo que considera su derecho y procurar allí su protección para concretar su adecuado resguardo y efectividad”.

“Sin duda ninguna de las normas supranacionales invocadas por la representante promiscua se ve trasgredida por la decisión en crisis y está en manos de aquel que ejerce la patria potestad proveer vivienda a sus hijos o poner en marcha el ejercicio de su poder de acción”, explicaron los jueces.

En tales términos, “queda claro al Ministerio Público de la Defensa –conforme el planteo que se enuncia- que la tutela al acceso a la vivienda de su representada no ha de ser satisfecha por la parte actora en estos obrados, sino, eventualmente, por aquel que tiene a su cargo la gestión de los cometidos estatales en el diseño de las políticas concernientes al sector, de manera que no es posible atender al reproche en análisis si no es con desmedro de las garantías que a otros habitantes confiere el Art. 17° de la Constitución Nacional”.

Los magistrados sostuvieron que “en la causa se encuentra interviniendo desde octubre de 2.015 la Defensoría Pública de Menores e Incapaces, y que al efecto de brindar asistencia al problema habitacional de la familia emplazada se ha ordenado el libramiento de oficios a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y vivienda de la Nación, al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del GCBA, al Programa de Asistencias a Familias en situación de calles del Ministerio del Desarrollo Social del GCBA y por último, también a la Asesoría General Tutelar, sin que los interesados llevarán adelante tales medidas, ni cumplieran con lo requerido a fs. 52, ultimo párrafo; deberá previamente cumplirse con dichas medidas previo al lanzamiento a fin de determinar asimismo la situación concreta en que se encuentra la hija de la demandada”.

Por todo ello, resolvieron suspender el desalojo hasta tanto cumplan con las medidas pendientes, sin costas de alzada atento al carácter de la intervención del Ministerio apelante (art. 68 y ccdtes. del CPCC).

http://www.diariojudicial.com/nota/75698/civil/un-sol-habitacional-para-los-chicos.html


Aumento de cuota alimentaria – Abogados Mar del Plata – Derecho de Familia

La Corte Suprema de Justicia consideró que la Cámara Civil se excedió en su competencia al decidir implementar “medidas con carácter cautelar tendientes a lograr la inmediata evaluación de los vínculos y la realización de una terapia de reorganización familiar”, en el marco de una apelación de un juicio por aumento de cuota alimentaria.

Los supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda hicieron lugar a una presentación directa de la Defensora de Menores que entendió que la Cámara no debía haberse expedido de esa forma en el caso, ya que lo que estaba en discusión versaba sobre la obligación alimentaria del progenitor.

En la resolución discutida, la Cámara alegó que “sin perjuicio de las cuestiones puestas a su consideración”, advertía “la existencia de una grave conflictiva familiar que subyacía al objeto específico por el cual el expediente había sido elevado a Cámara”.

La Alzada, en ese sentido, explicó que “las impresiones recogidas” a lo largo de las audiencias habían creado “la convicción de que el grupo familiar se encontraba atravesando una severa crisis que desbordaba lo que había sido el puntual objeto de apelación”.

Y ante ello “los jueces no podían cerrar los ojos ante la realidad cuando se les exhibía una afectación significativa de los derechos de los niños o adolescentes inmersos en una problemática familiar compleja”.

Para la corte, sin embargo, ello no justificaba la decisión adoptada y dispuso aplicar su doctrina que invalida pronunciamientos cuando los Tribunales “se han excedido el límite de su competencia apelada, con menoscabo de garantías constitucionales”. En este caso, la defensora alegó que no se garantizó la defensa en juicio y debido proceso de las partes.

El fallo del Máximo Tribunal critica que la Cámara “carecía de facultades para expedirse sobre una cuestión que no le fue propuesta en forma expresa ni implícita”.

Porque “al entrar a examinar la situación familiar y disponer en consecuencia evaluaciones y medidas concretas de revinculación” la Cámara Civil “con total prescindencia del objeto del recurso que se limitaba a cuestionar el monto de la cuota alimentaria establecida en favor del menor de autos, ha fallado fuera de los límites de su competencia apelada, tratando un tema sobre el cual el juez de primera instancia no había tenido oportunidad de expedirse”.

http://www.diariojudicial.com/nota/76229/civil/lo-procesal-importa-mas-que-lo-familiar.html


Vocación hereditaria Sucesión – Abogados Mar del Plata

En la causa caratulada como “M., Santiago Jorge s/sucesion ab-intestato”, la cónyuge de Santiago Jorge M. inició la sucesión de su marido ante el Juzgado Civil y Comercial N° 15 Departamental, cuyo fallecimiento data del 14/9/2015 y, como no exististe descendencia, pidió que se cite a los progenitores del causante.

Por otra parte, Jorge Doroteo M. y Alicia Susana G., en su calidad de progenitores del causante iniciaron su sucesión, la que quedó radicada en el mismo Juzgado. A su vez, denunciaron la existencia de un juicio de divorcio que se tramita ante el Juzgado Nacional en lo Civil n° 86, con sentencia dictada el 14/10/2015. Entienden que allí manifestaron su voluntad inequívoca de dar por concluida su relación conyugal, por lo que sostienen, no opera el llamado hereditario en favor de su esposa y solicitaron que sean declarados únicos herederos.

Los integrantes del Tribunal expresaron que el causante falleció el 14/9/2015 y había contraído matrimonio con Silvia Inés Pino el 30/1/2015. Conforme se desprende del informe del Actuario, la demanda de divorcio fue iniciada el 9 de septiembre de 2015 y se dictó sentencia el 14 de octubre de 2015, es decir, con posterioridad al fallecimiento de Jorge Santiago Molina.

Los jueces explicaron que “en el caso de autos, al dictarse la sentencia de divorcio, el matrimonio ya se encontraba disuelto por el fallecimiento del causante, por lo que en 4 mi parecer, no puede hablarse de los efectos retroactivos de la sentencia de divorcio. Ello sin perjuicio de dirimir en el proceso sucesorio la cuestión relativa a la exclusión hereditaria de la cónyuge”.

Por lo tanto, “con el fallecimiento de uno de los cónyuges debe entenderse extinguida la acción de divorcio por sustracción de la materia litigiosa, sin que se justifique la prosecución del proceso con fines exclusivamente patrimoniales, puesto que nada impide que en su oportunidad el juez del sucesorio decida, en el pertinente incidente de exclusión, respecto de los derechos hereditarios derivados del vínculo disuelto por la muerte, aun valorando las pruebas existentes en el juicio extinguido”.

Los camaristas resaltaron que las modificaciones del Código Civil y Comercial de la Nación, en materia de relaciones familiares eliminan la separación personal y lo referente al análisis de la culpa en la ruptura de la relación matrimonial, como causal para el divorcio vincular (art. 435 del ordenamiento legal citado); ello repercute notablemente en el ámbito del derecho sucesorio y más específicamente en la sucesión del cónyuge, simplificando el régimen y evitando las discusiones doctrinarias que se habían suscitado en relación a la interpretación al art. 3575 del Código Civil derogado.

En ese sentido, la voluntad unilateral de uno de los cónyuges, es suficiente para obtener una sentencia de divorcio. Del mismo modo una única voluntad de no reanudar la convivencia para que se produzca la exclusión de la herencia también es suficiente.

Por todo lo expuesto, los magistrados resolvieron revocar lo decidido en la instancia de grado y, en consecuencia, declarar excluida la vocación hereditaria de Silvina Inés P. en la sucesión de Santiago Jorge M.

http://www.diariojudicial.com/nota/76274/civil/el-nuevo-codigo-no-admite-arrepentimientos.html