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Los Derechos Humanos como herramienta de política exterior. El caso argentino

El objetivo de este trabajo es analizar cómo los Estados utilizan los derechos humanos como herramienta de política exterior, con particular foco en el caso argentino. La Argentina ha utilizado los derechos humanos como una herramienta de poder blando, que le permitió mejorar su imagen en el plano internacional, otorgándole mayor legitimidad y coadyuvando a la creación de regímenes e instituciones, que redundan en un mejor posicionamiento internacional del país. A la vez, no puede dejar de señalarse la brecha que se ha generado entre una retórica idealista, que defiende la promoción y protección de los derechos humanos, y una postura pragmática, que al procurar obtener ventajas comparativas en otras áreas, como comercio, energía e inversiones, relega en ocasiones los derechos humanos a un plano secundario.

This paper analyzes how states use human rights as a tool of foreign policy, focusing on the Argentine case. Argentina has used human rights as a tool of soft power, which allowed it to improve his image internationally, giving it greater legitimacy and contributing to the creation of regimes and institutions that led to a better international positioning of the country. At the same time, it must be noted that a gap has emerged between an idealistic rhetoric, which defends the promotion and protection of human rights, and a pragmatic approach, that in seeking to obtain comparative advantages in other areas such as trade, energy and foreign investments, sometimes relegate human rights to a secondary plane.

I. Introducción
II. Los derechos humanos y la política exterior
III. Los derechos humanos en la política exterior argentina
IV. Conclusiones
Notas
Los Derechos Humanos como herramienta de política exterior

El caso argentino

Ricardo Arredondo*

I. Introducción [arriba] –

Hablar de la situación de los derechos humanos en un determinado Estado implica referirse a sus asuntos internos[1]. Sin embargo, según lo ha expresado el Institut de Droit International, los Estados, actuando individual o colectivamente, tienen derecho a tomar medidas de carácter diplomático, económico o de otra índole hacia cualquier otro Estado que haya violado la obligación de asegurar el respeto de los derechos humanos, siempre que tales medidas estén permitidas por el derecho internacional y no impliquen el uso de la fuerza armada en violación de la Carta de las Naciones Unidas. El IDI sostuvo que estas medidas no se pueden considerar una intervención ilegal en los asuntos internos de ese Estado (Art. 2)[2].

Ya hace tiempo se ha abandonado la idea de que los derechos humanos se limitan a imponer compromisos de abstención a las autoridades estatales (las denominadas obligaciones negativas), sino que, además, los Estados tienen la obligación positiva de tomar medidas para proteger de forma activa y garantizar los derechos y libertades garantizados por las normas que regulan los derechos humanos en el ámbito internacional[3]. El problema radica en cómo se aplican, ejecutan y sancionan los compromisos asumidos por los Estados tanto en sus relaciones bilaterales como en el plano multilateral en materia de derechos humanos. Más allá de ello, queda claro que los derechos humanos se han convertido en una herramienta específica de política exterior que los Estados utilizan de manera regular.

El derecho internacional ha experimentado un desarrollo notable, principalmente con posterioridad a la adopción de la Carta de las Naciones Unidas (la Carta)[4]. Uno de los elementos centrales de este orden jurídico internacional es la obligación que tienen todos los Estados de respetar y hacer respetar los derechos humanos, una obligación que es asimismo central en el mandato de las Naciones Unidas. En realidad, resulta difícil entender cómo se podrían satisfacer los ideales de la Carta sin el debido respeto de los derechos humanos y el desarrollo de sociedades nacionales en el marco del estado de derecho.

Paralelamente a su desarrollo en las Naciones Unidas, el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales y por el derecho internacional humanitario se ha transformado en una cuestión de creciente preocupación por parte de la comunidad internacional, produciendo una expansión significativa del orden jurídico internacional[5]. Ello ha traído aparejado, gradualmente, que las instituciones y los mecanismos que se han establecido para promover y proteger los derechos humanos puedan contar con mayor capacidad normativa para ser más activos e influyentes[6].

El objetivo de este trabajo es analizar cómo los Estados utilizan los derechos humanos como herramienta de política exterior, con particular foco en el caso argentino. No se procura describir en profundidad la política argentina en materia de derechos humanos, sobre la que existe una abundante literatura[7], sino más bien poner de relevancia cómo la Argentina viene utilizando los derechos humanos como una herramienta de poder blando, que le permitió mejorar su imagen en el plano internacional, otorgándole mayor legitimidad y coadyuvando a la creación de regímenes e instituciones, que redundaron en un mejor posicionamiento internacional del país. A la vez, no puede dejar de señalarse la brecha que se ha generado entre una retórica idealista, que defiende la promoción y protección de los derechos humanos, y una postura pragmática, que al procurar obtener ventajas comparativas en otras áreas, como comercio, energía e inversiones, relega en ocasiones los derechos humanos a un plano secundario.

II. Los derechos humanos y la política exterior [arriba] –

La política exterior, entendida como la acción de un Estado con relación a los demás actores internacionales, persigue el cumplimiento de una serie de metas u objetivos, comúnmente denominados “interés nacional”, para el desarrollo de sus relaciones y actividades con los demás actores de la comunidad internacional. Por lo tanto, “la política exterior de un Estado traduce la proyección externa de su personalidad interna. Supone el conocimiento de los procedimientos que ese Estado utiliza y de los instrumentos de que se vale para llevarla a cabo”[8].

Esos objetivos generales guían el relacionamiento exterior del Estado en sus interacciones con otros sujetos y actores y conforman lo que se conoce como “posiciones” de política exterior. La conformación de la política exterior se ve influida tanto por consideraciones de política interna como por las políticas o comportamientos de otros sujetos y actores internacionales[9].

En general, los objetivos de política exterior de un Estado guardan proporción con su poder e influencia en el plano internacional. Sin embargo, incluso un Estado poderoso no puede permitirse el lujo del aislamiento, ya que debe tener en cuenta no sólo sus propios objetivos e intereses, aspiraciones y problemas, sino también los de otros sujetos y actores[10]. Este proceso implica procedimientos complejos de diplomacia. Por otra parte, un Estado, en la implementación de su política exterior, tampoco puede permitirse el lujo de ignorar las normas del derecho internacional. Resumidamente, la política exterior no puede estudiarse en forma aislada de los factores tanto endógenos como exógenos que la condicionan[11]. Adicionalmente, en el caso de un Estado intermedio o pequeño, puede utilizar elementos de su política exterior para construir un “poder blando” [12] que le permitirá interactuar de una manera diferente con el conjunto de la comunidad internacional.

La expresión “política exterior” comprende la forma, la dirección y la conducta misma de un Estado frente a otro, mientras que la diplomacia es sólo un instrumento principal con que el Estado lleva adelante su política exterior[13].

La promoción y protección de los derechos humanos ocupa en la actualidad un lugar central para la comunidad internacional[14]. Por ello, en la ejecución de la política exterior, los Estados están obligados a respetar y hacer respetar las normas de derechos humanos, tanto aquellas respecto de las cuales se han obligado como las que son de cumplimiento obligatorio en virtud del derecho internacional general (el denominado jus cogens). Las Naciones Unidas tienen entre sus propósitos el de procurar “el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos”, lo que está contemplado en el Artículo 1.3 y en los Arts. 55 (c) y 56 de la Carta[15]. Uno de los pilares fundamentales en la creación de la arquitectura institucional que se fue generando con posterioridad a la segunda guerra mundial es la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Otros desarrollos en este campo lo constituyen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de Genocidio, ambas de 1948F[16]F. Asimismo, desde su constitución, las Naciones Unidas han desempeñado un rol fundamental en la adopción de numerosos regímenes de tratados multilaterales sobre derechos humanos proveyendo contenido y significado a los derechos enunciados en la Declaración Universal, en particular mediante la adopción de los dos Pactos Internacionales de 1966, el de Derechos económicos, sociales y culturales y el de Derechos civiles y políticos, cuyo sexagésimo aniversario acaba de celebrarse[17]. Las Naciones Unidas también han trabajado activamente en la codificación de derechos y obligaciones específicos, que han dado lugar al surgimiento de otros instrumentos de derechos humanos, tales como: para proteger los derechos del niño; para proteger los derechos de las mujeres; para prevenir la discriminación racial; para prevenir tortura; para proteger a las minorías; para promover y proteger diversidad cultural y contra la desaparición forzada de personasF[18]F. Todos estos instrumentos internacionales están diseñados para proteger a las personas en general, principalmente en su relación con el Estado, y a las personas en situaciones de crisis humanitarias, tales como guerras y conflictos armados internos.

Paralelamente, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante, SIDH) instituyó un marco normativo, a partir de la adopción de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CADH), que fue desarrollado notablemente a través de las labores de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[19]. “Los estándares jurídicos desarrollados por la jurisprudencia de la Comisión Interamericana (CIDH o Comisión) y de la Corte Interamericana (Corte IDH o Corte) sobre invalidez de las leyes de amnistía de graves violaciones de derechos humanos le dieron sostén legal a la apertura de los procesos judiciales contra los responsables de crímenes de lesa humanidad en … Argentina”[20].

A los fines de este trabajo resulta importante observar que estos instrumentos persiguen crear ciertos estándares comunes o mínimos y su propósito es asegurar que estos estándares sean observados. La obligación de cumplir estos compromisos libremente acordados reside básicamente en los Estados[21]. El deber asumido consiste en que los Estados verifiquen el cumplimiento de estos derechos tanto en el plano interno como en el internacional. Lamentablemente, como señala Remiro Brotóns, esta clara evolución normativa, institucional y jurisprudencial no ha sido acompañada por una mejora en el respeto y protección de esos derechos por parte de los Estados, sino que, por el contrario, ha podido apreciarse “la extensión de su irrespeto, en el que se han esmerado quienes deberían ser su guardianes, siempre dispuestos a apoyar enfáticamente nuevas declaraciones y convenios, con tal de que los mecanismos de control queden a sus expensas[22]”.

En efecto, al momento de tener que ejecutar sus políticas exteriores los Estados parecen pendular entre una fórmula retórica que subraya la relevancia de la promoción y protección de los derechos humanos, cuando en la práctica se opta por privilegiar otros factores que los Estados consideran prioritarios o necesarios en la conducción de sus relaciones exteriores para satisfacer el interés nacional[23]. Nunca en la historia han existido políticas exteriores que puedan considerarse puras o éticas, entendidas como “una práctica internacional guiada por la indeclinable defensa de valores de alcance universal o motivada por la promoción de ideas morales indisputadas”[24], es decir, políticas exteriores que privilegien valores o principios por sobre consideraciones de carácter pragmático. Morgenthau señalaba que la relación entre los principios morales y la política exterior está atravesada fundamentalmente por el relativismo. Los códigos morales son correlativos con cada momento histórico, personas y culturas. Por otra parte, los principios morales en la política exterior están ligados a otros aspectos de las relaciones interestatales, a los que los Estados pueden asignarle mayor relevancia que a los derechos humanos. Consecuentemente, este autor llega a la conclusión de que el principio de la defensa de los derechos humanos no puede aplicarse de manera coherente en la política exterior, ya que puede y debe entrar en conflicto con otros intereses que pueden ser más importantes que la defensa de los derechos humanos en un caso particular[25]. Existen abundantes ejemplos en este sentido[26].

Europa, los Estados Unidos y otros han buscado a través de sus políticas exteriores construir mecanismos de ordenamiento, que en ocasiones han resultado contradictorios entre sí. Entre ellos, un sistema global, sustentado en reglas e instituciones amplias, con un conjunto de normas en materia de derechos humanos, que colisiona con la tradicional concepción westfaliana de orden mundial. El resultado es un conjunto de reglas y expectativas desordenado, controvertido y, a menudo, contradictorio que no proporciona un conjunto de principios claros y prístinos que pueda ser aplicado de manera objetiva por parte de los líderes mundiales[27]. Esta concepción de orden mundial, originalmente característica de Occidente y que después de la finalización de la Guerra Fría buscó expandirse a nivel global, no es aceptada por todos los miembros de la comunidad internacional. Esta tensión es fácilmente perceptible en muchas de más importantes crisis internacionales actuales, como Siria, “donde el Occidente liberal y sus detractores no liberales compiten de forma visible sobre cómo definir y aplicar el derecho internacional”[28].

Más aun, incluso en el llamado mundo “occidental”, Estados percibidos o auto percibidos como paladines del orden liberal, en ocasiones han entrado en profundas contradicciones al utilizar mecanismos reñidos con ese orden que intentaban establecer, como las intervenciones unilaterales, el uso de la fuerza sin autorización del Consejo de Seguridad, el empleo de drones, la aplicación de su derecho interno más allá de sus fronteras y un largo etcétera[29].

En la práctica, no puede afirmarse que las visiones conservadoras y liberales de orden mundial, es decir, el empleo de los mecanismos de poder y de cooperación para crear modelos de relaciones entre los Estados, sean mutuamente excluyentes. De hecho, por ejemplo, la estrategia de EEUU después de la Segunda Guerra Mundial se basó en la idea de que un orden más duradero surge de una combinación de los dos enfoques. Los Estados Unidos han utilizado tanto el poder como las nociones idealistas de intereses y valores compartidos para fundamentar un orden basado en normas. En este sentido, han empleado tanto poder duro y blando para construir ese orden[30].

Cuando en 2010 el Presidente Obama adoptó la nueva Estrategia de Seguridad, se afirmó que ésta asumía “la necesidad del multilateralismo” aunque admitía “la importancia del diseño de políticas a partir del mundo “tal cuál es” (lo que implicará a veces priorizar la estabilidad sobre la promoción de la democracia, volviendo así la política exterior a una suerte de realismo tradicional que los neo-conservadores rechazan)”[31]. Paralelamente, esa Estrategia reafirmaba “la ilegitimidad de políticas que buscan imponer valores o sistemas de gobierno a través del uso de la fuerza, lo que dañó la credibilidad de Estados Unidos en el mundo”[32]. Por lo tanto, no resulta sorprendente que la Estrategia de Seguridad Nacional de 2015 afirme que “un liderazgo estadounidense fuerte y sostenido es esencial para un orden internacional basado en normas que promueva la seguridad global y la prosperidad, así como la dignidad y los derechos humanos de todos los pueblos”[33].

Los Estados Unidos han utilizado la vara de los derechos humanos para decidir otorgar ayuda, financiar o cooperar con otros Estados[34]. Sin embargo, ni siquiera los defensores más optimistas de los derechos humanos creerían que los Estados Unidos están dispuestos a renunciar a sus intereses estratégicos en favor de las cuestiones de derechos humanos[35]. La ayuda externa se utiliza a menudo para promover la política exterior de Estados Unidos, para fines diplomáticos, compensatorios, y estratégicos en lugar de fines humanitarios[36], aunque la retórica vaya en sentido inverso. Para muchos países latinoamericanos, los proyectos de integración comercial motorizados por los Estados Unidos no significaban la profundización de las relaciones comerciales hemisféricas, sino un intento de coordinar política y económicamente la región. Por eso, esas propuestas, como el ALCA, fueron rechazadas y en su lugar se promovieron iniciativas regionales como la Unión Sudamericana de Naciones (en adelante, UNASUR[37]) y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (en adelante, CELAC)[38]. Estas organizaciones funcionaron a su vez como un contrapeso a la posición de los Estados Unidos en la OEA.

De modo similar, la Unión Europea (en adelante, UE) trabaja en pos de garantizar el respeto de los derechos humanos en el plano externo. En efecto, las actividades llevadas a cabo por la Comisión para garantizar que los derechos humanos sean respetados por terceros países son numerosas[39]. Esta institución se encarga de monitoreo situaciones de derechos humanos en terceros países[40], incluyendo aquellos Estados que desean adherir a la UE, tanto antes la celebración de acuerdos internacionales como con posterioridad a su ejecución. El monitoreo de la Comisión es una tarea crucial ya que permite al Consejo tomar tanto medidas de naturaleza diplomática (es decir, de carácter no vinculante) o decisiones legalmente vinculantes[41]. De manera similar, las instituciones de la UE también tienen el deber de protección respecto de los derechos humanos de los nacionales de terceros países. Esto está bien ilustrado por la decisión del Tribunal General de la UE (TGUE) referida al Frente Polisario, por la que se anuló un acuerdo celebrado entre la UE y Marruecos, cuyo objetivo era la liberalización del comercio de productos agrícolas (pescado), porque afectaba los “derechos fundamentales” del pueblo saharaui[42]. Las denominadas “cláusulas de derechos humanos”, incluidas en los acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados por la UE, subrayan el respeto de los derechos humanos como un “elemento esencial” de los acuerdos y, por lo general, están asociadas con las cláusulas de no ejecución que permiten a la UE adoptar las medidas apropiadas en caso de incumplimiento[43]. Sin embargo, al igual que los Estados Unidos u otras potencias, la UE no parecer estar dispuesta a renunciar a objetivos estratégicos en favor de los derechos humanos.

En su intento de expandir su influencia en América Latina, China se ha convertido en un inversor y financista en la región, lo que ha sido aceptado por los Gobiernos sin cuestionar la política de derechos humanos de la potencia asiática. Sus préstamos, inversiones y compras han ayudado a sostener a varias administraciones latinoamericanas, que de otro modo habrían enfrentado severas crisis económicas, y “cuyos líderes dan la bienvenida a la ayuda de China como una alternativa a las condiciones estrictas impuestas por el fondo Monetario Internacional o los mercados financieros”[44]. Por su parte, Rusia ha procurado aplicar una política similar en sus intentos de retornar al escenario internacional como una potencia vigorosa, financiando proyectos conjuntos y realizando compras en la región.

Este doble rasero, retórico y pragmático, podría ser predicado respecto de muchos Estados. De ello se desprende que el poder parece ser un arma de doble filo cuando se dirige hacia los principios de derechos humanos, ya que, por una parte, permite un mayor activismo en favor de los derechos humanos; a la vez que, inversamente, torna el proceso de adopción de decisiones morales mucho más difícil de implementar[45].

Con estas consideraciones en mente, pasemos a analizar el caso argentino.

III. Los derechos humanos en la política exterior argentina [arriba] –

Desde la restauración de la democracia en 1983, la protección y promoción de los derechos humanos se transformó en una de las prioridades fundamentales de la política exterior argentina. Las cuestiones relativas a los derechos humanos se encuentran en las agendas de todos los contactos bilaterales que se llevan a cabo con gobiernos de todas las regiones del mundo, así como en la participación del país en diversos foros regionales y multilaterales, evidenciada, entre otros ámbitos, en la participación en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el bienio 2013-2015. Como lo pusiera de manifiesto Sikkink, la República Argentina pasó de ser un paria a un protagonista global en esta materia[46], destacándose por una defensa encendida de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el plano interno e internacional. Esta evolución, caracterizada como “vertiginosa”[47] por Oddone, se desarrolló, según este autor, en tres ámbitos estrechamente ligados entre sí pero diferenciados: “a) la lucha contra la impunidad y la revisión del pasado; b) la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos y c) las reformas legales internas y la adecuación de las conductas a la luz de los nuevos paradigmas establecidos”[48].

La Constitución Nacional tiene como eje central el respeto irrestricto de los derechos humanos, subrayando la equiparación del goce de derechos para todos los habitantes, el principio de no discriminación y la división de poderes. La reforma de 1994 reafirmó el compromiso hacia la protección y promoción de los derechos humanos al incorporar -con rango constitucional- a los principales instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, entre ellos: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; los que, en las condiciones de su vigencia, deben entenderse complementarios de los derechos y garantías reconocidos en la Carta Magna[49]. Asimismo, se otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad[50] y a la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, aprobada por la Asamblea General de la OEA[51].

El caso argentino ilustra el importante protagonismo que tuvo el país en la promoción y protección de los derechos humanos, al establecer diferentes mecanismos de justicia transicional, como las comisiones de la verdad, el juicio a las Juntas Militares, el establecimiento de la CONADEP; y la creación de nuevas normas y prácticas internacionales, como las referidas a la desaparición forzada de personas y la creación de una red latinoamericana para la prevención del genocidio, entre otras. Paralelamente, la Argentina incorporó “la legislación internacional sobre derechos humanos a su realidad cotidiana a través de desarrollos normativos, jurisprudenciales y de políticas públicas”[52], se derogaron leyes que afectaban el goce de los derechos humanos y se buscó solución a casos pendientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Éste es un rol relevante e inusual para un país en vías de desarrollo, en general no reconocido lo suficiente por gran parte de la literatura del derecho y las relaciones internacionales.

Al actuar de esta manera, Argentina transformó su política exterior en un instrumento de “poder blando”, basado en su iniciativa para proponer conceptos e ideas y dirigido a procurar establecer regímenes internacionales[53] y reforzar ámbitos multilaterales. Esa política exterior, una de las pocas políticas de Estado en la República Argentina, fue posible por el consenso de todos los poderes del Estado, tanto en el orden nacional como provincial y municipal, lo que fue acompañado y legitimado por ONGs, partidos políticos y la sociedad civil en general[54]. “A diferencia de la afirmación generalmente aceptada sobre que Argentina posee una política exterior errática, ésta ha sido consistente en considerar como uno de sus pilares de inserción internacional la imagen de país defensor y protector de los derechos humanos”[55].

Utilizando conceptos que Miller predica respecto de otras áreas temáticas, se puede afirmar que:

“los foros multilaterales proporcionaron un ámbito útil donde Argentina pudo promover la elaboración de standards normativos y de pronunciamientos consistentes con sus intereses. … Aunque Argentina no controló los foros, logró utilizarlos en forma eficiente para la promoción de sus objetivos. Argentina formó coaliciones que apoyaron sus necesidades y a veces aun pudo prevalecer sobre estados mucho más poderosos. Aprovechó las normas y reglas de procedimiento de la institución para publicitar y juntar apoyo para su causa, utilizó la agenda de la organización para llamar la atención y crear interés en sus propios problemas, y enfatizó cuestiones que hacían a la justicia de sus reclamos y a la necesidad de cambiar el derecho internacional existente”[56].

Así, la política exterior argentina en materia de derechos humanos sirvió para dar origen a nuevos principios normativos, intervenir positivamente en el proceso de toma de decisiones para la consecución de sus intereses, obtener pronunciamientos favorables a éstos e influir en la política exterior de otros Estados. Esto es relevante en términos comparativos, dado el escaso peso relativo que tiene la República Argentina en la comunidad internacional[57]. La utilización de recursos institucionales en forma fructífera, le permitió a Argentina tener un protagonismo mayor al que le hubiera correspondido por su limitado poder.

La relevancia de los derechos humanos en la política exterior de la República Argentina continuó estando claramente reflejada en las líneas directrices de la política exterior elaboradas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (en adelante, MREC) para el bienio 2013-2015, que contienen referencias específicas en esta materia. Allí, entre los objetivos de política exterior, se menciona la “promoción y protección de los derechos humanos”[58], para lo cual se prevé la participación activa del país tanto en el ámbito multilateral (internacional y regional) en la promoción y protección de los derechos humanos, en particular en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el sistema interamericano de derechos humanos (Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos), a la vez que se incluye “la negociación de instrumentos internacionales, proyectos de resoluciones y declaraciones sobre derechos humanos en el ámbito regional y mundial, de conformidad con la posición argentina de plena defensa de los derechos humanos”[59]. Asimismo, se procura “apoyar el desarrollo de instrumentos internacionales sobre derechos humanos, en el ámbito regional y global, que eleven los estándares jurídicos de protección de los derechos humanos vigentes”.

La administración actual ha realizado gestos importantes de materia de derechos humanos en la ejecución de su política exterior. Entre ellos, puede mencionarse la contribución extraordinaria para contribuir a superar la actual crisis financiera de la CIDH[60], su participación activa al proceso de paz en Colombia[61], el compromiso argentino para recibir tres mil refugiados sirios, entre otras acciones.

De este modo, la política exterior argentina en materia de derechos humanos presenta a un país abierto al mundo, dispuesto a cooperar y debatir, que busca enfrentar sus desafíos de manera transparente y constructiva, lo que hace que la Argentina sea percibida internacionalmente como un interlocutor coherente y equilibrado.

Sin embargo, no todo son luces. A pesar de haber mantenido una política exterior en derechos humanos constante y activa, tanto en el plano bilateral como en el multilateral, la República Argentina también ha sido un ejemplo del péndulo entre una retórica idealista defensora de los derechos humanos en plano internacional y consideraciones pragmáticas frente a regímenes que no son respetuosos de los derechos humanos, particularmente en el contexto de la crisis económica y energética que afecta al país desde hace unos años. Al privilegiar acuerdos económicos e inversiones externas de determinados Estados, la Argentina relegó el tema de los derechos humanos a un lugar secundario. La necesidad de recursos energéticos y nuevas inversiones trajo aparejada una depreciación de los derechos humanos en su política exterior, como lo muestran los acuerdos celebrados con países como Rusia[62] y China[63], entre otros. Estos acuerdos fueron confirmados por la actual Administración[64].

De manera similar, en 2008 la ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner no dudó en recibir al Presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, en el poder desde 1979 gracias a un golpe de Estado, al que la oposición y ONGs en Argentina acusaban de violaciones de los derechos humanos, y suscribir diversos acuerdos, entre ellos varios sobre energía, cuestión considerada clave para decidir la visita[65].

En el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la República Argentina no mantuvo una posición unívoca a lo largo de los debates en torno a las competencias, funciones y labor de los órganos del SIDH que se dieron a partir de 2011. “Al principio de las discusiones optó por no apoyar la adopción de varias recomendaciones que podían implicar debilitar competencias de la CIDH. Al mismo tiempo, su accionar dejó en evidencia que no estaba haciendo los esfuerzos de búsqueda de apoyo irrestricto al SIDH que solían caracterizarla. Luego, en una audiencia convocada por la CIDH en octubre de 2012, llegó incluso a mencionar algunas propuestas que generaron preocupación, como cuestionamientos a su competencia para dictar medidas cautelares y limitaciones a la financiación del organismo que afectarían su funcionamiento. Finalmente, en varias presentaciones formales, Argentina revirtió esa última posición y destacó su apoyo a la labor de la CIDH y a la necesidad de resguardar su independencia y autonomía”[66].

Aún en el propio plano regional, Argentina ha actuado de manera contradictoria frente a situaciones que afectaban los derechos humanos. Así tuvo un comportamiento ejemplar frente al intento de derrocamiento del Presidente de Bolivia (2008)[67]; de condena a los golpes de estado en Honduras (2009)[68] y Paraguay (2012)[69]. Sin embargo, Argentina –al igual que sus socios en el Mercosur- no exhibió una actitud coherente ante a las claras violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Tampoco lo hizo cuando, a propuesta de Colombia, se debatió en el seno del Consejo Permanente de la OEA la crisis humanitaria en su frontera con Venezuela. “El Mercosur fue el bloque más dividido, con la Argentina y Brasil absteniéndose, Uruguay y Paraguay votando de manera positiva y Venezuela, claro, en contra. El clivaje entre nacionalismo antihegemónico e internacionalismo liberal se hizo muy claro”[70].

Tanto la CIDH como la CorteIDH se han pronunciado de manera crítica sobre la situación interna en Venezuela. La Comisión, después de que el Gobierno de Maduro cancelara el referéndum revocatorio, condenó las acciones de la administración venezolana, a la vez que expresó que:

“En el transcurso del año 2016, la CIDH y su Relatoría Especial han seguido con suma preocupación las distintas formas en que, a través de la aplicación de la ley o al margen de ella, se han impuesto serias limitaciones al pluralismo en el ejercicio de derechos políticos y libertad de expresión. De estas acciones, destacan los obstáculos impuestos por autoridades para que los ciudadanos venezolanos puedan participar en elecciones libres y confiables, la progresiva supresión de facultades constitucionales del Congreso mayoritariamente opositor, la detención arbitraria y encarcelamiento de opositores y aquellas personas que hacen público su disenso con el gobierno o se expresan a través de los medios de comunicación, la represión y restricciones indebidas al ejercicio de la protesta, los despidos y amenazas a empleados públicos con perder su cargo en caso manifestarse u expresar opinión política en contra del oficialismo, las campañas de estigmatización, vigilancia y hostigamiento en perjuicio de defensores de derechos humanos y periodistas, así como el continuado uso del derecho penal y otros controles estatales para castigar o inhibir el trabajo de la prensa crítica”[71].

Por su parte, la CorteIDH se encuentra tramitando en etapa de fondo (esto es, pendiente de emitirse sentencia), el caso San Miguel Sosa, Rocío y otras vs. Venezuela[72]. En su informe de fondo sobre dicho caso[73], la CIDH subrayó que la firma a favor de la convocatoria de un mecanismo de participación política, como lo es referendo revocatorio presidencial, no constituye solamente el ejercicio de los derechos políticos, sino también una expresión de la opinión política de los firmantes, protegida a su vez por el derecho a la libertad de expresión y el principio de no discriminación. Como es sabido, este proceso electoral es, asimismo, considerado por varios Estados Miembros de la OEA como una forma libre y democrática de encauzar la polarización social y política existente en el país.

La magnitud de la crisis llevó a que el 31 de mayo de 2016 el Secretario General de la organización, Luis Almagro, de manera justificada pero quizás apresurada, invocara la Carta Democrática de la OEA[74]. La reacción de Venezuela fue convocar al Consejo Permanente a fin de procurar bloquear la aplicación de la Carta Democrática, a través de la aprobación de una declaración de los 34 países miembros de la organización “en apoyo al diálogo, la Constitución y la paz”[75]. La aprobación de esta declaración fue considerada una “victoria” por parte de la Canciller venezolana[76]. El proyecto de declaración fue negociado durante una semana por más de 20 Estados bajo el liderazgo de Argentina. Su aprobación generó un fuerte disgusto de la oposición venezolana, que calificó la posición argentina como “hipócrita”[77].

La posición argentina frente a la crisis de derechos humanos venezolana no ha sido unívoca. El Gobierno de Fernández de Kirchner se abstuvo de efectuar crítica alguna al Gobierno de Maduro. Macri, durante su campaña electoral, manifestó su disposición a aplicar la cláusula democrática del Mercosur[78]. Sin embargo, al poco tiempo de asumir, pareció desandar su camino[79]. Posteriormente, los cambios experimentados en los escenarios internos de los países de la región produjeron un giro en las posiciones de los Estados signatarios del Tratado de Asunción[80]. Sin duda, las renovaciones en la Argentina y Brasil[81] han tenido un impacto considerable en la voluntad política de los dos socios mayores del bloque de impulsar un cambio. Ello, a pesar de que la Argentina haya manifestado su deseo de “separar la situación política de Venezuela con el Mercosur”, aseverando que los requisitos aún por cumplir se refieren al acuerdo de adhesión que el poder legislativo venezolano tiene que discutir y aprobar y que la situación no se debe a la tensa situación política interna en Venezuela[82]. El 13 de septiembre de 2016 los Cancilleres de los Estados fundadores del Mercosur adoptaron la “Declaración conjunta relativa al funcionamiento del Mercosur y al Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur”, por la que decidieron: declarar un estado de urgencia para asegurar el funcionamiento del Mercosur; que la coordinación de las negociaciones externas con terceros Estados sea realizada por los Estados fundadores; analizar nuevamente, el 1 de diciembre de 2016, el estado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por la República Bolivariana de Venezuela en el Protocolo de Adhesión al Mercosur; y, de persistir el incumplimiento luego de la fecha fijada, cesar el ejercicio de los derechos inherentes a la condición de Estado Parte del Mercosur de Venezuela, hasta que los Estados Partes signatarios del Tratado de Asunción dispongan las condiciones para su restablecimiento[83].Sin embargo, los Estados signatarios del Mercosur parecían renuentes a aplicar la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia[84] en el caso venezolano. Esta situación parece haber cambiado con posterioridad a la reunión bilateral mantenida por los presidentes argentino y uruguayo a fines de octubre de 2016. El Presidente argentino se manifestó partidario de aplicar la cláusula democrática y, de ser necesario, expulsar a Venezuela del Mercosur. Ambos mandatarios decidieron someter nuevamente la cuestión a los restantes Estados Partes[85].

Más allá de los incumplimientos jurídicos de Venezuela con los compromisos asumidos al adherirse al Mercosur, si los Estados signatarios del TA consideraran que en Venezuela no se respetan los principios y valores del sistema democrático y decidieran aplicar las disposiciones del Protocolo de Ushuaia, la situación podría ser enmarcada tanto como una violación grave a las normas del Mercosur como un cambio fundamental en la circunstancias que podría dar lugar tanto a la suspensión como a la terminación del Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur.

La decisión de Maduro de suspender el referéndum revocatorio presidencial no hizo más que agravar la situación. No debe olvidarse que en Venezuela no existe el mecanismo de juicio político, como en la Argentina, y su procedimiento reside en esa herramienta en manos del Parlamento. La Argentina -junto a un grupo de países con posiciones similares en el seno de la OEA- emitió un comunicado de prensa por el que reafirma “su firme compromiso con los principios y valores democráticos y la defensa de los derechos humanos”, a la vez que expresa “su profunda preocupación por la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela de postergar el proceso de recolección del 20% del padrón electoral requerido para activar el referéndum revocatorio”, previsto para realizarse entre el 26 y 28 de octubre de 2016. Por otra parte, refiriéndose a la decisión del Poder Judicial de Venezuela de prohibir la salida de territorio venezolano de los principales líderes de la oposición de ese país”, considera que ello “afecta la posibilidad de establecer un proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición que permita una salida pacífica a la crítica situación” y reitera su llamado para que se concrete un diálogo nacional “que permita encontrar soluciones duraderas en favor de la democracia y la estabilidad social, garantizando el pleno respeto de los derechos humanos, la separación de poderes y el fortalecimiento institucional”[86].

El Sumo Pontífice sumó sus esfuerzos para que facilitar el diálogo entre la Administración de Maduro y la oposición revea su posición y participe del encuentro al que los convocó Maduro el domingo en la isla Margarita

La profunda polarización por la que atraviesa Venezuela hizo que los Estados signatarios del TA y otros países de la región, emitieran un nuevo comunicado por el que reiteran su llamado a “un diálogo constructivo con soluciones que respeten el estado de derecho y las garantías constitucionales y permitan a todos los venezolanos ejercer sus derechos fundamentales”, a la vez que reciben cálidamente la decisión del Vaticano de facilitar el proceso de diálogo de modo de encontrar soluciones efectivas y duraderas para el pueblo venezolano”[87].

IV. Conclusiones [arriba] –

Al retornar al “club de las democracias”, la República Argentina modificó radicalmente su imagen en derechos humanos, a través de un cambio radical de sus políticas interna y exterior en esta materia. El país se comprometió públicamente a asumir su déficit en derechos humanos, investigando las violaciones del pasado, adhirió a las normas y estándares internacionales, los incorporó internamente y propulsó desarrollo normativos notables para un país de escaso peso relativo en el escenario internacional. Al asumir esta posición pro-activa en los foros internacionales de derechos humanos, propuso acciones y resoluciones sobre un amplio espectro de temas. De esta manera, dejó de ser considerada como un “paria” transformándose en un actor global. Ese ha sido el reconocimiento que la diplomacia argentina ha logrado construir en este tema.

Sin embargo, esta estrategia no ha estado libre de contradicciones y cuestionamientos. Como afirma Merke, “la evidencia sugiere que la distancia ideológica entre gobiernos afecta negativamente la disposición a evaluar los derechos humanos del otro país. Mostramos un silencio benigno entre amigos y vociferamos contra rivales”. Por ello, resulta necesario reducir al máximo posible el doble estándar y reafirmar que la democracia y los derechos humanos son principios rectores de la política exterior argentina, cuya violación no será aceptada sin importar el signo ideológico del gobierno en cuestión[88].

Ello no obstante y a modo de síntesis, puede afirmarse, sin lugar a dudas, que los beneficios de esta transformación vertiginosa han sido notorios. El desarrollo exponencial en materia de derechos humanos en la Argentina, así como las iniciativas específicas que se materializaron en instrumentos internacionales o mecanismos especiales de supervisión, redundaron en un claro incremento en el poder relativo e imagen del país. Sólo resta esperar que las futuras Administraciones mantengan en alto esta bandera y sepan corregir los deslices del pasado reciente. No obrar en este sentido implicaría perder buena parte del prestigio —traducible en influencia— que la República Argentina aún mantiene tanto en la región como en el plano global. Ello sí no sería una buena noticia. Ser más exigentes que indulgentes en el ejercicio de rendición de cuentas en materia de derechos humanos, además de ser una obligación legalmente vinculante, es un imperativo ético y moral.

Notas [arriba] –

Recibido: 10.10.2016. Aceptado: 31.10.2016.

[1] Merke, Federico. “Más allá del realismo, más acá del idealismo”, La Nación, Buenos Aires, 3/01/2016, disponible en http://www.lanaci on.com.ar/18 58377-m as-alla-de l-realis mo-mas -aca-del-id ealismo (último acceso 24/10/2016).
[2] Para un análisis más profundo de la noción de “asuntos internos” puede verse arredondo, Ricardo. Intervención humanitaria y responsabilidad de proteger: ¿hacia un nuevo paradigma de protección de los derechos humanos?, Buenos Aires, Catálogos, 2012.
[3] Si bien el concepto de obligaciones positivas se ha vuelto cada vez más importante en la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, sigue siendo relativamente poco explorada en la literatura. Al respecto, puede verse lavrysen, Laurens. Human Rights in a Positive State, Intersentia, Cambridge, septiembre de 2016. “Por lo general, la imposición de estas obligaciones positivas está precedida por el examen bajo estándares jurídicos de las políticas implementadas o de la falta de acción (omisión) del Estado. Esas obligaciones pueden consistir en cambios de políticas existentes, reformas legales, implementación de procesos participativos para formular nuevas políticas públicas y, muchas veces, en la reversión de determinados patrones de comportamiento que caracterizan el accionar de ciertas instituciones del Estado”. Cfr. abramovich, Víctor. “De las violaciones masivas a los patrones estructurales: nuevos enfoques y clásicas tensiones en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, 63 Derecho PUCP (2009), p. 100, disponible en http://revistas.p ucp.edu. pe/index. php/derechopu cp/article/downlo ad/2961/28 63 (último acceso 24/10/2016).
[4] En ese sentido, y conforme lo establecen las normas de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (CVDT), la Carta debe interpretarse siempre a la luz de las nuevas circunstancias y, por lo tanto, estamos obligados a tomar en consideración el derecho que ha emergido desde su adopción hace más de setenta años.
[5] Al respecto puede verse arredondo, Ricardo y espósito, Carlos. “Seguridad humana y responsabilidad de proteger: dos conceptos y un mismo núcleo”, en pérez de armiño, Karlos y mendia azkue, Irantzu (Editores), Seguridad Humana. Aportes críticos al debate teórico y político, Tecnos, Madrid, 2013.
[6] La Resolución AGNU 53/144, “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” (Nueva York, 8/3/1999), reitera que la responsabilidad primordial en la promoción y la protección de los derechos humanos corresponde a los Estados. Asimismo, también se reconoce el derecho de individuos, grupos e instituciones de promover los derechos humanos tanto en el ámbito nacional como internacional. Disponible en http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf (último acceso 6/10/2016).
[7] Entre muchos otros, puede verse el trabajo de oddone, Fabián. “Democracia y Derechos Humanos”, 2 Temas de política exterior, comercio y relaciones internacionales, Buenos Aires, septiembre de 2009, p. 13, disponible en https://www. apsen .org.ar/wp-c ontent/uploa ds/2015/11/ Revista-Tem as-2.pdf (último acceso 14/10/2016).
[8] baldomir, Horacio, “Política internacional”, en LAVIÑA, Félix – BALDOMIR, Horacio, Manual de política internacional contemporánea, Buenos Aires, Depalma, 1983, ps. 11-12.
[9] Originariamente se hacía hincapié en la primacía de la geografía y las amenazas externas en la conformación de la política exterior; sin embargo en la actualidad no sólo se consideran los factores exógenos sino que también se destaca el impacto de los factores internos en su formulación.
[10] El concepto de interdependencia fue acuñado por kehone, Robert y nye, Joseph S. Poder e interdependencia, GEL, Buenos Aires, 1988.
[11] “Hardly ever foreign policy is only the result of domestic determinants but it is rather knotted to changing regional and global arrangements”. Cfr. merke, Federico. “Argentina’s foreign policy in Kirchner’s second term”, LSE, 3/03/2012, disponible en http://blogs.l se.ac.uk/idea s/2012 /03/argentina s-foreign- policy-in -kir chners-seco nd-term/ (ultimo acceso 14/10/2016).
[12] El concepto de “poder blando” (soft power) fue acuñado por Josheph S. Nye Jr. a finales de los 80s para señalar que, además de su poderío militar y económico, los Estados Unidos podían generar influencia a través de la admiración y el respeto por determinados principios y valores. Cfr. nye, Josheph S. Jr. Bound to Lead. The Changing Nature of American Power, Basic Books, New York, 1990. Asimismo puede verse NYE, Josheph S. Jr. Soft Power: The Means to Success in World Politics, PublicAffairs, New York, 2004.
[13] baldomir, op. cit., p. 122-123. Esta diferenciación es sustancial para entender que los diplomáticos no son los encargados de dictar la política exterior de un Estado, aunque puedan influir en su formulación, puesto que su función es implementar la política exterior decidida por las autoridades del Estado, sean jefes de Estado o de Gobierno o, en los sistemas parlamentarios, los respectivos parlamentos. En este sentido, el artículo 18, inciso 2°, Ley de Ministerios de Argentina, establece que compete al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto “Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional”. Ley de Ministerios 22.520, conforme Dec. 223/2016 del 20/1/2016.
[14] Ello no era así hasta hace unos 30 años. Cfr. schmitz, Hans Peter y sikkink, Kathryn. ‘International Human Rights’, en carlsnaes, Walter, risse, Thomas y simmons, Beth A. (Eds.), Handbook of International Relations, 2da. Edición, Los Ángeles, Sage, 2013, p. 827.
[15] El Art. 1.3 establece que “Los Propósitos de las Naciones Unidas son: … Realizar la cooperación internacional… en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”. Por su parte, el Art. 55 (c) dispone “…la Organización promoverá… el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades” y el Art. 56 “Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55”.
[16] El texto de estos y otros instrumentos internacionales que se mencionan a continuación puede verse en A. Remiro, C. Izquierdo, C. D. Espósito y S. Torrecuadrada. Derecho Internacional. Textos y otros Documentos. Madrid: McGraw-Hill, 2001.
[17] ONU. Centro de Noticias. “La Asamblea General celebra el 50º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, New York, 19/10/2016, disponible en http://www.un.org/ spanish/ News/story.asp?NewsI D=36089 .WA5I3 uArLIU (último acceso 14/10/2016).
[18] Una lista completa de los instrumentos internacionales de derechos humanos puede verse en la página web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, disponible en http://www.oh chr.org/SP/pa ges/ho me.aspx (último acceso 14/10/2016).
[19] Al respecto, puede verse abramovich, op. cit.
[20] Ibídem, op. cit., p. 95/96.
[21] Firmar y ratificar tratados no es lo mismo que cumplir con ellos. Hay evidencia empírica que demuestra que Estados que no cumplen con los tratados internacionales de derechos humanos tienen una tendencia a adherirse a ellos al mismo nivel que otros Estados respetuosos de dichas normas. Cfr. hafner-burton, Emilie (et al.). International human rights law and the politics of legitimation. Repressive states and human rights treaties, 23 International Sociology (1) (2008), p.115.
[22] remiro brotóns, Antonio. Civilizados, bárbaros y salvajes en el nuevo orden internacional. Madrid: McGraw-Hill, 1996, p. 26-27.
[23] merke, Federico y pauselli, Gino. “Foreign Policy and Human Rights Advocacy: An Exercise in Measurement and Explanation”, 14 Human Rights Review (2013), p. 132-133, disponible en http://link.springer. com/article/10. 1007/s12 142-013-0 266-2 (último acceso 14/10/2016). Asimismo, véase donnelly, Jack. Universal human rights. In theory and practice, Cornell University Press, New York, 3ra. edición, 2013.
[24] tokatlian, Gabriel. “Etica y política exterior”. Página 12, 28/08/2012, disponible en http://ww w.pagin a12.com.ar/diar io/elp is/1-202019-20 12-0 8-28.html (último acceso 14/10/2016).
[25] morgenthau, Hans. “Human Rights and Foreign Policy”, Council of Religion and International Affairs, New York, 1979, p. 7, disponible en https://www.carne giecouncil.org/publication s/archive/1979_lecture_by_mo rgen tha u/index .html/_r es/id=sa_ File1/HumanRi ghts_Foreign Policy_Morgen thau.pdf (último acceso 14/10/2016).
[26] Véase merke, Federico y pauselli, Gino. “Foreign Policy and Human Rights Advocacy: An Exercise in Measurement and Explanation”, 14 Human Rights Review (2013), op. cit..
[27] Al respecto puede verse harris, Peter. “Losing the International Order: Westphalia, Liberalism and Current World Crises”, The National Interest, noviembre de 2015, disponible en http://nationalinterest.org/feature/losing-the-international-order-westphalia-liberalism-current-14298 (último acceso 14/10/2016).
[28] harris, op. cit.
[29] Ver cohen, Roberta. Integrating Human Rights In Us Foreign Policy: The History, The Challenges, And The Criteria For An Effective Policy, The Brookings Institution, Foreign Service Institute, 2008, disponible en https://ww w.brookin gs .edu/ wp-co ntent/ uploads/20 16/06/04_ human_ri ghts _cohe n.pdf (último acceso 14/10/2016).
[30] Véase ikenberry, G. John. After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order After Major Wars, Princeton, Princeton University Press, 2001.
[31] yopo, Boris. “La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos”, Fundación Friedrich Ebert, Programa de Cooperación en Seguridad Regional, Briefing No. 3, julio de 2010, p. 2, disponible en http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/07422.pdf (último acceso 14/10/2016).
[32] Ibídem.
[33] White House. “National Security Strategy,” Washington, D.C., 2015, disponible en https://www.whiteho use.g ov/sit es/default/ files/docs/2015_ nation al_secu rity_str ategy.pdf (último acceso 14/10/2016).
[34] apodaca, Clair. “U.S. human rights policy and foreign assistance: A short history”, 3 Ritsumeikan International Affairs (2005), p. 63–80, disponible en http://www.ritsumei .ac.jp/acd/re/k-rsc/ra s/04_publicat ions/ria_en/03_5.pdf (último acceso 14/10/2016).
[35] Cfr. apodaca, Clair y stohl, Michael. “United States Human Rights Policy and Foreign Assistance”, 43 International Studies Quarterly (1999), p. 187, disponible en https://www.re searchga te.net/profile/M ichael_Stohl/p ublicatio n/2276375 02_U. S._Huma n_R ights_Polic y_and_Foreign_A ssist ance/links/0f cfd 5 0c0 1ead5 baff 000000.pdf (último acceso 14/10/2016).
[36] Véase guess, George. The Politics of United States Foreign Aid, New York, St. Martin’s Press, 1987.
[37] Unión de Naciones Suramericanas. Tratado Constitutivo, disponible en: http://www. unasursg .or g/ima ges/desc argas /DOCU M ENTOS%20 CONS TIT UTIVOS%20 DE%20U NASUR/T ratado-UNASUR-solo.pdf (último acceso 14/10/2016). Son miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
[38] La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política. Su membresía incluye a los treinta y tres (33) países de América Latina y el Caribe. Véase “¿Qué es la CELAC?”, disponible en: http://www.sela.org/ celac/quienes-s omos/que -es-la-celac/ (último acceso 14/10/2016).
[39] Un análisis detallado y actual puede verse en poli, Sara (ed.). Protecting Human Rights in the European Union’s External Relations, Centre for the Law of EU External Relations (CLEER) Papers 2016/5, The Hague, 2016, disponible en http://www. asser.nl /media/334 4/cle er016- 05_web.pdf (último acceso 14/10/2016).
[40] hillion, Christophe. “Decentralised Integration Fundamental Rights Protection in the EU Common Foreign and Security Policy”, 1 European Papers (2016), p. 58, disponible en http://w ww.europeanpap ers.eu /en/syste m/files/pdf_ version/EP_eJ _2016_1_6 _Article_Ch ristophe_ Hill ion.pdf (último acceso 14/10/2016).
[41] Entre esas medidas pueden mencionarse la solicitud de consultas con los países miembros que han violado normas de derechos humanos, la suspensión de la negociación de un acuerdo internacional o la suspensión de la financiación de un proyecto.
[42] tgue. Asunto Frente Polisario c. Consejo de la Unión Europea, Caso T-512/12, sentencia de 10 de diciembre de 2015, para. 241-247, disponible en http://curia.eu ropa.eu/j uris/doc ument/docum ent.jsf?text=&docid =172870&pageIndex =0&doclang=ES &mode=lst&dir=& occ=first&part=1&ci d=805120 (último acceso 14/10/2016). La sentencia ha sido apelada y se encuentra a consideración del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
[43] martines, Francesca. “Human Rights Clauses in EU Agreements”, en poli, op. cit., p. 37.
[44] reid, Michael. “Obama y América Latina. Un día prometedor en el barrio”, 64 Archivos del Presente (2016), p. 31.
[45] Véase merke, Federico y pausellI, Gino. “Foreign Policy and Human Rights Advocacy: An Exercise in Measurement and Explanation”, 14 Human Rights Review (2013), op. cit., p. 133.
[46] sikkink, Kathryn. “From Pariah State to Global Protagonist: Argentina and the Struggle for International Human Rights”. 50 Latin American Politics and Society (1), Spring, 2008, pp. 1-29, disponible en http://www.jst or.org/ stable/30 130837 (último acceso 14/10/2016). Margheritis afirma que “Argentina’s reputation as an erratic and relatively unpredictable international actor—the adjectives going, in fact, from pariah to wayward to unreliable partner”. Cfr. margheritis, Ana. Argentina’s Foreign Policy: Domestic Politics and Democracy Promotion in the Americas, FirstForumPress, Boulder, 2010, p. 3, disponible en https:// http://www.rienner.com/ uploads/4bc34 0241f98c.pdf (último acceso 14/10/2016).
[47] oddone, op. cit., p. 13.
[48] oddone, op. cit., p. 13.
[49] Una síntesis de las principales medidas adoptadas por la República Argentina puede verse en el “Brochure candidatura argentina al Consejo de Derechos Humanos. Período 2013 – 2015”, elaborado por la Cancillería y que se encuentra disponible en http://eoirs.m recic.gob. ar/userfi les/Compr om isos%20de %20Arge ntina% 20en%2 0materia% 20de% 20Derechos% 20Hu manos% 20cand idatura% 20Consejo% 20de% 20Derechos% 20H umanos% 20 2013_0.pdf (último acceso 14/10/2016).
[50] Ley 25.778, sancionada el 20/08/2003 y promulgada el 2/09/2003, disponible en http://servicios. inf oleg.gob.ar/ in folegIntern et/ anexos/85000-89999/ 88138/ norma.htm (último acceso 14/10/2016).
[51] Ley 24.820, sancionada el 30/04/1997 y promulgada de hecho el 26/05/1997, disponible en http://s ervicios.info leg.gob.ar/in folegIntern et/anexos/40000 -44999/43555/ norma.htm (último acceso 14/10/2016).
[52] taiana, Jorge. “Derechos humanos, política exterior y calidad democrática”. La Nación, Buenos Aires, 10/12/2003, disponible en http://www.lana cion.com.ar/553268 -derechos-humanos-politica-ex terior-y-c alidad-democ ratica (último acceso 14/10/2016).
[53] Entendidos como conjuntos de normas, principios, valores e instituciones. Sobre el concepto de regímenes internacionales puede verse krasner, Stephen (ed.). International Regimes, Ithaca, New York, Cornell University Press, 1983.
[54] La política argentina en esta materia podría citarse como un ejemplo de la teoría constructivista, en el sentido de una política de ideas, normas , identidades y roles que influyen en la adopción de una determinado curso de acción. Cfr. BRYSK, Alison. Global Good Samaritans. Human Rights as Foreign Policy, Oxford, 2009, p. 4, disponible en http://www.acad emia.edu/6236 998/Brysk_A._ -_Glo bal_Good_Sa maritans_-_Hu man_Rights_a s_Foreig n_Policy (último acceso 14/10/2016).
[55] pauselli, Gino. “La política exterior argentina de derechos humanos. Protagonista internacional y tímido actor regional”, Foreign Affairs Latinoamerica, abril de 2014, disponible en http://revistaf al.com /la-poli tica-ex t erior-arg entina- de-der echos- humanos/ (último acceso 14/10/2016).
[56] miller, Carina J. Influencia sin poder: el desafío argentino ante los foros internacionales, Buenos Aires, ISEN-GEL, 2000, p. 278.
[57] Tomando la caracterización de Chapnik, podría definirse a la República Argentina como un potencia intermedia. Cfr. chapnik, Adam. “The Middle Power”, 7 Canadian Foreign Policy (2) (1999), p. 73, disponible en http://www.tandfo nline.com /doi/p df/10.1 080/119 26422.1 999. 9673212 (último acceso 14/10/2016).
[58] MREC. Lineamientos de política exterior de la República Argentina 2013-2015, para. II.1.2. Disponible en http://conc ursos20 15.cancille ria.gob.ar/ userfiles /Line amientos -politica-exter ior-2013-2015.pdf (último acceso 14/10/2016).
[59] Ibídem.
[60] Con un total de 400.000 dólares que se aportarán en 2016, la Argentina se convierte en el principal donante de América Latina a la Comisión. Véase rodríguez pareja, Mariana y serbin pont, Andrei. “Argentina Seeks To Export Its Human Rights Policy”, World Post, 24/09/2016, disponible en http://www.huf fingtonpost.c om/mar iana-ro drigue z-pareja/a rgentina-se eks-to-export _b_12104376.html (último acceso 14/10/2016).
[61] La Argentina ya se ha comprometido a desplegar 75 observadores militares para acompañar el proceso de desarme y desmovilización de los combatientes de las FARC.
[62] Argentina y Rusia celebraron cerca de veinte convenios en distintas áreas, entre ellas la energética, que abarca la cooperación para la construcción de una nueva central nuclear y proyectos de exploración de hidrocarburos. Cfr. “Síntesis de los acuerdos suscriptos con Rusia”. 24/04/2015, disponible en http://www. cfkarg entina.com/ sintesis-de- los-acu erdos-sus criptos -con-rusia/ (último acceso 14/10/2016).
[63] Cfr. “Cristina con Xi Jinping, ratificó la alianza Argentina – China”. 4/02/2015, disponible en http://www.cf kargentina com/discurso-de -la-presid enta-cristin a-kirchner-al- termino-d e-la-firma-d e-acuerdos- bilaterales-c on-la-r epublica- popular -china/ (último acceso 14/10/2016).
[64] “Macri lo acordó con China: se relanzan las represas de Santa Cruz”, Clarín, 9/09/16, disponible en http://www.cl arin.c om/politica/M acri- China -rela nzan-S anta -Cruz_0_1 646835394 .html (último acceso 14/10/2016), filomenko, Dmitri. “Macri y Putin apuestan por el pragmatismo”, Russia beyond the headlines, 6/09/2016, disponible en https://es. bth.com/in ternacional/2016/0 9/ 06/ma cri-y-putin- apuestan-po r-el-pragm atismo_627577 (último acceso 14/10/2016).
[65] marirrodriga, Jorge. “Polémica por la visita del guineano Obiang a Argentina para firmar acuerdos energéticos”, El País, Madrid, 14/02/2008, disponible en http://internacional.elpais.com/internacional/2008/02/14/actualidad/1202943603_850215.html (último acceso 14/10/2016).
[66] barretto maia, Camila (et. al), “Introducción” en Desafíos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nuevos tiempos, viejos retos. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, 2015, p. 13, disponible en http://www.d ejusticia.o rg/files/r 2_actividades_rec ursos/fi_nam e_recur so.759.pdf (último acceso 14/10/2016).
[67] malamud, Carlos. “La Cumbre de Unasur en Santiago de Chile y el conflicto en Bolivia”, Real Instituto Elcano, ARI 121/2008, 9/10/2008, disponible en http://www.r ealinstitutoelcano.o rg/wps/portal/rielcan o/contenido?W CM_GL OBAL_CONT EXT=/elca no/elcano_es/zon as_es/ar 121-2008 (último acceso 14/10/2016).
[68] arredondo, Ricardo. “Corte Internacional de Justicia: Honduras v. Brasil y el ‘principio de no intervención’”, 20 Agenda Internacional, Buenos Aires, diciembre de 2009, p. 60-75, disponible en https://www.a cadem ia.edu /28986616/ Corte_Interna cional_de_Just icia_Hon duras_v._ Brasil_y_el_prin cipio_de_ no_interv enci%C 3%B3n_ (último acceso 14/10/2016).
[69] Laudo N° 01/2012. “Laudo del Tribunal Permanente de Revisión en el procedimiento excepcional de urgencia solicitado por la República del Paraguay en relación con la suspensión de su participación en los Órganos del Mercado Común Del Sur (Mercosur) y a la incorporación de Venezuela como miembro pleno”, disponible en http://www.tprme rcosur.org/e s/docum/laudos /Laudo_01_2012_e s.pdf (último acceso 14/10/2016).
[70] merke, Federico. “”Arréglense entre ustedes”, dice la OEA”, La Nación, Buenos Aires, 6/09/2015, disponible en http://ww w.lanaci on.com.ar/ 1824855-ar reglense-en tre-uste des-dice-la-oea (último acceso 14/10/2016).
[71] CIDH. “CIDH y Relatoría Especial condenan cierre de espacios de participación política en Venezuela y alertan sobre impacto en la democracia”, Comunicado de prensa 154/16, 25/10/2016, disponible en http:// http://www.oas .org/es/c idh/pren sa/comun icados/20 16/154.asp (último acceso 14/10/2016).
[72] Información sobre el caso puede verse en http://www.corte idh.or.cr/d ocs/tramite/ san_mig uel_sosa_y_ot os.pdf (último acceso 14/10/2016).
[73] CIDH. Informe No. 75/15. Caso 12.92. Informe de fondo Rocío San Miguel Sosa y Otras vs. Venezuela, OEA/Ser.L/V/II.156, Doc. 21, 28/10/2015, disponible en http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2016/12923FondoEs.pdf (último acceso 14/10/2016).
[74] OEA. Carta del Secretario General al Presidente del Consejo Permanente. Doc. OSG/243-16, 30/05/206, disponible en http://www.oa s.org/documen ts/spa/press/OSG -243.es.pdf (último acceso 14/10/2016). Asimismo, puede verse el documento elaborado por la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA “Consideraciones para la invocación de la Carta Democrática Interamericana (CDI)”, Washington, 5/05/2016, disponible en http://www.oa s.org/es/cen tro_notic ias/comunicad o_prensa. asp?sCodi go=D -009/16 (último acceso 14/10/2016).
[75] OEA. “Declaración del Consejo Permanente sobre la Situación en la República Bolivariana de Venezuela”. Doc. CP/DEC. 63 (2076/16), Washington, 1/06/2016, disponible en http://s m.oas.org/doc_pu blic/S PANIS H/HIST_1 6/CP36366S 04.doc (último acceso 14/10/2016).
[76] Cfr. http://www .dw.com /es/ofici alismo-de-ve nezuela-ve- victoria-en-re soluci%C3%B3n -de-la-o ea/a-192 99386?ma ca=sp a-rss-sp-in ter-10 08-rdf (último acceso 14/10/2016).
[77] Cfr. lozano, Daniel. “Reproches a Macri de la oposición venezolana”, La Nación, 3/06/2016, disponible en http://www.lanaci on.com.ar/19 05258-r proches-a-macr i-de-l a-oposicion-venezolana (último acceso 14/10/2016).
[78] “Las violaciones a los DDHH en Venezuela fueron tema en el debate presidencial argentino”, Infobae, 16/11/2015, disponible en http://www.infobae.com/2015/11/16/1770003-las-violaciones-los-ddhh-venezuela-fueron-tema-el-debate-presidencial-argentino/ (último acceso 14/10/2016).
[79] “Idas y vueltas de la relación con Maduro, tras la sintonía con los K”, Clarín, 25/10/2016, disponible en http://www.clari n.com/p olitica/I das-Mauricio-Mac ri-Nicolas-Maduro_0_1674432689.html (último acceso 14/10/2016).
[80] “El triunfo de Macri en Argentina; la victoria de la oposición venezolana en el referéndum presidencial para iniciar un proceso revocatorio; la negativa vía plebiscito a Evo Morales para una nueva postulación en 2019 y el impeachment a Dilma Rousseff en Brasil; son las muestras más destacadas de dicho giro”. Cfr. busso, Anabella y zelicovich, Julieta. “El gobierno de Mauricio Macri y la integración regional: ¿Desde el Mercosur a la Alianza del Pacífico?”. 37 Revista Conjuntura Austral, septiembre de 2016, p.17.
[81] Por ejemplo, el “(…) no reconocimiento de Michel Temer como presidente de Brasil por Nicolás Maduro, que también ordenó la retirada de su embajador en Brasilia, tensó aún más las cosas”. Cfr. malamud, Carlos, “Mercosur y Venezuela al borde de la ruptura”, Infolatam, 18 de septiembre de 2016, disponible en http://www.info latam.com/2 016/09/ 18/mercosur-y-venezu ela-al-borde-d e-la-ruptura/ (consulta el 23/09/2016).
[82] Véanse las declaraciones de la Canciller argentina, Susana Malcorra, en ese sentido. “Primer encuentro de cancilleres sin Venezuela en la ONU”, Asunción, La Nación, 19 de septiembre de 2016, disponible en http://www.lan acion.com .py/2 016/09/1 9/cancilleres- mercosur-se- reunen-la- onu-sin-venezuel a/ (consulta el 23/09/2016). El ex Canciller uruguayo, Didier Opertti se manifestó en sentido contrario, afirmando que Venezuela “está totalmente alejada del cumplimiento del compromiso democrático”, y que, por tanto, no puede ejercer la Presidencia del Mercosur. Cfr. “De acá a Caracas”, Montevideo Portal, 26 de agosto de 2016 http://www.mon evideo.com.uy/c ontenido/Opertti- -Venezuela-no -puede-ejercer -la-Presidenc ia-del-Merco ur–318456 (consulta 23/09/2016).
[83] Para un desarrollo más exhaustivo de la situación de Venezuela vis-a-vis el Mercosur puede verse arredondo, Ricardo y godio, Leopoldo. “La terminación de los tratados: el caso de Venezuela y el Mercosur”, 10 Tribuna Internacional (2016), Chile (en prensa).
[84] El Protocolo de Ushuaia Sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile fue firmado el 24 de julio de 1998 y entró en vigor para los Estados Miembros el 17 de enero de 2002. Posteriormente se adhirieron al mismo Ecuador, Perú y Venezuela. Véase http://www.mr e.gov.py/tr tados/public_web/Detall esTratad o.aspx?id=ktUNNjk Hcd6x6bSnkuf aDA== &em=lc4 aLYHVB0dF +kNrtEvs mZ96Bo vjLlz0mc rZruY Pcn8= (consulta el 14/10/2016).
[85] “Macri y Tabaré Vázquez: “En estos términos, Venezuela no puede ser parte del Mercosur””, Clarin, 24/10/2016, disponible en http://www.cla rin.com/ politica/Macr i-Tabare-V azquez-Venezue la-Mercosur_ 0_1674432 637.html (consulta el 14/10/2016). El comunicado de prensa oficial de la Cancillería argentina señala que, “Al referirse a los acontecimientos recientes en la República Bolivariana de Venezuela, los Presidentes resaltaron el Comunicado Conjunto de Estados Miembros de la OEA del 22 de octubre de 2016 y reiteraron el llamado para el establecimiento de un proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolanos que permita una salida pacífica a la crítica situación que atraviesa esa Nación hermana”. Cfr. MREC. “Visita del Presidente de la República Oriental del Uruguay Dr. Tabaré Vázquez”, 24/10/2016, Información para la Prensa N°: 360/15, disponible http://cancille r ia.gob. ar/v isit a-del -pre sidente-de- la-republica-ori ental-del- urugua y-dr-tabare -vaz quez (consulta el 14/10/2016).
[86] MREC. “Comunicado conjunto de Estados Miembros de la OEA sobre los acontecimientos recientes en la República Bolivariana de Venezuela”, 22/10/2016, Información para la Prensa N°: 355/16, disponible en http://cancilleria.gob.ar/comunicado-conjunto-de-estados-miembros-de-la-oea-sobre-los-acontecimientos-recientes-en-la-0 (consulta el 14/10/2016).
[87] MREC. “Comunicado de los Gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay sobre la situación en Venezuela”, 26/10/2016, Información para la Prensa N°: 363/16, disponible en http://cancil leria.gob .ar/co municado- de-los-gobierno s-de-argentina- brasil-col ombia-costa-r ica-chil e-gua temala-honduras-mexico (consulta el 14/10/2016). El Papa sumó sus esfuerzos al recibir a Maduro en el Vaticano, instándolo a convocar a un proceso de diálogo, y enviar al Nuncio apostólico en nuestro país, Emil Paul Tscherrig, a una gestión de buenos oficios para destrabar el conflicto y facilitar el diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición.
[88] merke, Federico. “Más allá del realismo, más acá del idealismo”, La Nación, Buenos Aires, 3/01/2016, disponible en http://www lanacion. c om.ar/1 858377-mas -alla- del -realismo- mas-aca-del -idealismo (consulta el 14/10/2016).

Autor: Arredondo, Ricardo

Fuente: IJ Editores

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