Abogados en Mar del Plata | Derechos Inmobiliarios | Locaciones | Desalojos | Usurpaciones | Intrusión | Reivindicación | Propiedad Horizontal | Consorcios | Casas Tomadas | Usucapión | Contratos | Boleto de Compraventa de Inmuebles


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Abogado Mar del Plata – EJP Panizo & Asociados

 

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Ejercemos la Defensa de Derechos sobre Inmuebles – EJP Panizo Abogados

 

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Abogados Mar del Plata – Estudio Juridico Panizo


Abogados Mar del Plata. Estudio Jurídico Panizo


Derecho de Familia, Civil, Bancario, Comercial, Penal, Divorcios, Laboral, Inmobiliario, Administrativo, Sucesiones, Cobros ejecutivos, Desalojos, etc.

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DONDE ESTAMOS:


Indemnización por Daño Moral, vinculada a la publicación de fotografías


Corresponde modificar parcialmente la sentencia reduciéndose el monto establecido por daño moral ocasionado por una publicación de fotografías de una menor destinadas a ilustrar la transcripción de un reportaje que le efectuara una revista para adultos, en tanto los hechos acontecieron apenas dos meses antes de cumplir sus 18 años siendo ella consciente (más allá de su circunstancial incapacidad) de que el reportaje y las fotografías se realizaron con la intención de ser publicadas en la revista, y a su vez la circunstancia fue apañada por la madre y el novio de la menor, lo que hace suponer disminuido su previsible grado de inconsciencia, máxime cuando el hecho dañoso no debió resultar demasiado imprevisto para la actora y que por ello no pudo tener el nivel traumático que exhibe el reconocimiento de tan elevada indemnización.

Amparo de Salud | Reproducción Humana Asistida


Corresponde condenar a una obra social a cubrir el total de los gastos de un tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad con ovodonación, en tanto el art. 2 de la Ley Nº 26.862 dispone que dentro de la reproducción médicamente asistida, quedan comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad que incluyan o no la donación de gametos.

El Código Civil y Comercial de la Nación contempla facetas relativas a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, entre las que se incluye a los casos de donación de gametos.

Filiación y Reconocimiento


Corresponde modificar parcialmente la sentencia, elevando la suma indemnizatoria que debe pagar el demandado, en virtud del daño moral que le provocó a su hijo y a su madre por no haber reconocido a su hijo oportunamente, en tanto que el menor tiene el derecho constitucional a tener una filiación, y para tenerla debió haber sido reconocido, cosa que fue omitida por el demandado mediante el rechazo expreso, lo cual constituye un acto antijurídico provocador de un daño que debe ser reparado.

La filiación es una de las instituciones más relevantes en el campo del derecho de familia, en tanto determina algo fundamental como saber quiénes son –desde el plano jurídico– padres o madres de un determinado niño o niña, y por consiguiente, cuáles son los efectos jurídicos que genera esta relación.

Publicado por Fernanda Panizo

Convocatoria de Asamblea Societaria


El pedido de convocatoria de asamblea por el Tribunal no es un procedimiento contencioso, sino voluntario, frente al cual el juez ordena sin más, verificados ciertos extremos, la realización del acto, no cabría -en principio- considerar la existencia de contienda y vencimiento que amerite imposición de costas.

Si los socios solicitaron la convocatoria a asamblea a los órganos competentes y, ante el silencio de éstos y transcurrido el plazo legal (art. 236, LSC), se introdujo la petición en sede judicial, disponiéndose la convocatoria sin que la sociedad se oponga a ello, cabe juzgar tardío tal asentimiento, resultando responsable la sociedad anónima de los gastos irrogados a la contraria pues su renuente actitud dio lugar a la petición.

Prisión Domiciliaria


Corresponde revocar la sentencia y hacer lugar al pedido de prisión domiciliaria a favor de la madre de un menor de 7 años de edad, quien a partir de la detención de su padre y madre se encuentra al cuidado de una abuela que por su estado de salud no estaría en condiciones de hacerse cargo del mismo, en tanto si bien el niño supera por sólo dos años la edad establecida legalmente en el art. 10, inc. f del Cód. Penal, el análisis integral del caso particular demuestra la concurrencia de razones humanitarias que en consonancia con el espíritu de protección que emana del inc. c) de dicho artículo, siendo necesario buscar la forma menos gravosa de asegurar la sujeción al proceso de la actora y así evitar mayores repercusiones en el bienestar del niño, máxime cuando es necesario privilegiar el interés superior del niño y su derecho a una vida familiar -tal como lo establecen la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Ley Nº 26.061- .

Transferencia de fondo de comercio – Jurisprudencia


Transferencia de fondo de comercio

Corresponde condenar a los codemandados cesionarios de una explotación comercial a responder solidariamente por las obligaciones laborales anteriores a la transferencia de una trabajadora registrada de manera defectuosa, que continuó trabajando en el mismo establecimiento y con las mismas tareas que desempeñaba para el cedente, en tanto la empresa cesionaria al comprar la explotación comercial adquirió los contratos de trabajo de los integrantes del local, debiendo respetar la antigüedad computada en razón del art. 55 de la LCT, sin perjuicio de las acciones que pudieran ejercer contra el cedente.

Al acto de transferencia que presupone un vínculo de sucesión directa y convencional, se le exige una sucesión propiamente dicha (legal o negocial) y no el mero hecho de que un nuevo empleador aparezca cumpliendo la misma actividad que antes había cumplido otro.

Las reglas en materia de cesión contenidas en la Ley de Contrato de Trabajo se sobreponen a las previsiones de la Ley Nº 11.867 por ser una norma posterior y especial y, por otra parte, el eventual acuerdo entre cesionarios y cedentes sobre el personal del establecimiento no puede dejar sin efecto las reglas y garantías consagradas en los arts. 225 a 228 de la LCT.

Igualdad y Discriminación Laboral


Con fuente en el art. 17 de la LCT el concepto genérico de igualdad es como tal una abstracción a no ser que sea puesto en conexión -en el ámbito social- con los diversos tipos de relación social, especialmente con las relaciones jurídicas. La igualdad es uno de los pilares  fundamentales del Estado de Derecho y uno de los principios centrales de los postulados burgueses que derrocaron el poder aristocrático en la revolución francesa.  Por derecho a la igualdad se entiende aquel derecho genérico, concreción y desarrollo del valor igualdad, que supone no sólo el reconocimiento por parte de las normas jurídicas del principio de no discriminación a la hora de reconocer y garantizar los derechos, sino además, el cumplimiento social efectivo de la misma.

Está  consagrado, entre otros Tratados Internacionales, en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (art. 24. Igualdad ante la Ley: Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley) y en la Declaración Americana de Derechos del Hombre (art. 2º), así como también en diversos textos constitucionales contemporáneos, en los que se imponen diversos mecanismos por lo cuales se intenta “otorgar a todos los ciudadanos los mismos derechos y garantías”.

En el modelo de Estado Social de Derecho, ese intento constitucional se lleva a cabo por medio de la protección de la igualdad formal y material de los ciudadanos. Se entiende la igualdad formal como igualdad ante la ley e igualdad material, como las diferentes regulaciones económicas y sociales que se deben llevar a cabo, para que se dé la igualdad como tal en la realidad, es decir, en las prácticas sociales.

De manera genérica se puede afirmar que el término discriminación es un sustantivo femenino que significa distinguir o diferenciar. La discriminación es una manera de ordenar y clasificar otras entidades, por ejemplo, los animales, las fuentes de energía, las obras de literatura, etc. Sin embargo, el significado más común de esta palabra se refiere a la discriminación como un fenómeno sociológico en los seres humanos que atenta contra la igualdad. La discriminación se produce cuando hay una actitud adversa hacia una característica particular, específica y diferente. Es un trato desfavorable o de inferioridad, de desprecio inmerecido hacia una persona, que puede ser discriminada, es decir, separada o maltratada, tanto física como mentalmente, por su raza, su género o su sexo, su orientación sexual, su nacionalidad o su origen, su religión, su condición, su situación o su posición social, sus ideas políticas, su situación económica, etc..

En materia laboral específica  se encuentra positivado en el  Convenio Nº 111 de la Organización Internacional del Trabajo (“OIT”) que regular cuestiones de empleo y ocupación que ha sido  ratificado por la República Argentina el 18 de junio de 1968. El mismo  establece que el término discriminación comprende cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.

En el ámbito regional, la Declaración Socio-laboral del Mercosur incorpora el principio de “no discriminación” al prohibir la distinción o exclusión en razón de raza, origen nacional, color, sexo u orientación sexual, edad, credo, opinión política o sindical, ideología, posición económica o cualquier otra condición social o familiar.